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11 agosto 2020

DURO INFORME COMPLICA IMAGEN DE NUEVO ASESOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO DE ANTOFAGASTA

“Analizados los antecedentes recabados y todo el material probatorio acumulado durante esta investigación, he arribado a la opinión, salvo mejor parecer de Ud., que se debe proponer al Consejo Nacional de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública sancionar a la empresa Esperanza del Norte EIRL con la máxima sanción contemplada en la Ley 19.718 y en las bases de licitación, esto es, con el término de contrato de defensa penal en que se incurre en la infracción que se detalló más arriba”.

La fecha de esta “propuesta de resolución” del proceso sancionatorio, datado el 26 de julio de 2019, hace poco más de un año, fue firmada por Ignacio Barrientos, entonces jefe de Estudios de la Defensoría e instructor del caso y actual defensor regional público (s).

La empresa aludida por Barrientos fue creada por el abogado Marcelo Encina, exseremi de Justicia, presidente regional del Partido Radical y actual asesor jurídico del Municipio de Antofagasta, primera contratación del alcalde suplente, Ignacio Pozo Piña, cuyos detalles publica hoy El Mercurio de Antofagasta.

Las conclusiones del proceso fueron categóricas: esta empresa y otras creadas con el mismo objetivo y cuyos principales directivos fueron Encina y María Francisca González Werner (ambos pareja con un hijo) descontaron durante años, parte importante de los ingresos de sus empleados, recursos públicos aportados por la Defensoría Penal Pública, como parte del contrato por los servicios de defensa licitada que efectuaba la empresa calameña.

Las denuncias están disponibles en el sistema judicial y partes están adjuntas en este texto.

DENUNCIAS

El esclarecimiento de los hechos se remonta al 6 de junio de 2019, cuando la abogada Marcela Fuentes Montero informó a la Defensoría Penal Pública –DPP- que fue contratada en 2016 por Esperanza del Norte EIRL, fijándose una remuneración bruta de $1,8 millones mensuales, pero que luego de conversar con María Francisca González Werner, en realidad el sueldo real sería de $800 mil mensuales. Durante todo ese tiempo, ella firmó las liquidaciones por el monto mayor, a pesar de que recibía menos de la mitad de lo convenido.

Tales recursos públicos eran y son depositados por la DPP para las empresas de defensores licitados, esto es, empresas de abogados que prestan los servicios de defensa de imputados en el marco del sistema de justicia. Aunque no están contratados directamente por la DPP (no son planta del organismo), tienen las mismas facultades.

Pero el caso de Fuentes no fue el único. El 26 de junio de 2019, Nicol Palma Moscoso, otra defensora licitada, también contratada por la misma Esperanza del Norte EIRL, acusó ante la DPP los mismos problemas: se le contrató por una cifra, pero se le pagaba por otra, diferencias que debía girar y “devolver en efectivo” tras retirar el dinero desde distintos cajeros automáticos. Según la denuncia realizada ante la DPP, Moscoso fue acompañada a estos trámites por Marcelo Encina.

El total de la diferencia no recibida por Fuentes (entre lo acordado y lo efectivamente pagado) ascendió a poco más de $42 millones, según se explicita en el proceso sancionatorio.

El mismo 26 de junio la DPP recibió un correo de Fabián Espejo Carvajal, exdefensor de la misma empresa Esperanza del Norte EIRL en 2015 y actual defensor público en Iquique. En la misiva se detallaba el mismo “modus operandi”: se le contrataba por una cifra y se le pagaba una menor. Todo ello lo ratificó en una declaración hecha el 24 de julio.

MÁS CASOS

Uno de los testimonios más elocuentes del caso lo dio Pablo Verdejo Pimentel, abogado y actual defensor penal público en Calama. El 24 de julio del año pasado declaró que ingresó a Esperanza del Norte EIRL en 2014 y poco después, en 2015, cuando Marcelo Encina asumió el cargo de seremi de Justicia, le pidió a Verdejo, “como favor personal” que la empresa quedara a su nombre, a lo cual accedió. Así nació Servicios Jurídicos Pablo Manuel Verdejo Pimentel EIRL, que siguió con el mismo giro y servicios para la DPP.

“En reemplazo de Marcelo Encina llegó Fabián Espejo y en ese momento me enteré que a Fabián le hicieron firmar liquidaciones por montos superiores a los que realmente se le pagaban… Los montos que aparecían en sus liquidaciones eran de $2,5 millones e incluso más, pero en realidad recibía $800 mil líquidos en su cuenta”.

El relato de Verdejo continúa: “Una vez que se fue Fabián contactaron a Marcela Fuentes Montero a la cual le ofrecieron el mismo trato que a Fabián, pero aquí en algún momento sí se le transferían los montos que figuraban en la liquidación, pero luego Marcela debía, según lo acordado con ellos (Marcelo Encina y María Francisca González) transferir el mismo día o a más tardar el día siguiente la diferencia del sueldo”.

Verdejo añadió que en 2018, cuando Encina dejó de ser seremi, regresó a la empresa y esta volvió a cambiar de nombre.

“Debo aclarar que nunca me tocó intervenir en ninguna transacción, conversación o negociación en que se fijasen condiciones de trabajo y remuneración. Todo estaba a cargo de María Francisca González y Marcelo Encina, incluso en la época en que era seremi… Pero realmente yo no tuve injerencia en nada en relación con contratos, sueldos, decisiones. Yo solo presté mi nombre para que la empresa siguiera funcionando y yo mantuviera mi trabajo”.

Otro caso abierto es el de Nicol Palma Moscoso, quien también recurrió al Tribunal del Trabajo para que se reconozca el acoso sufrido. La acusadora precisó que la diferencia por prestaciones adeudadas, sueldo recortado y bonos no pagados y que aparecen en las liquidaciones como devengadas y percibidas por la demandante, totaliza aproximadamente 14.5 millones a lo que añade $15 millones por daño moral.

Moscoso fue explícita afirmando que el trato era con Encina, puesto que González Werner (su pareja) estaba con prenatal. “Él era el encargado”.

Al respecto, Marcelo encina dijo por medio de un comunicado: “Quiero ser enfático en indicar que los hechos publicados no dicen relación alguna con el cargo que estoy en vías de asumir, ni con las funciones que desarrollaré y solo es una muestra más de un intento de enlodar mi imagen con acusaciones infundadas”.

Fuente: soyantofagasta.cl

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