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Domingo, Diciembre 8, 2024
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Mujer tenía montada una “farmacia clandestina” en ferias libres de Calama

Investigación del Ministerio Público y Brianco permitió detener a una chilena que se abastecía de medicamentos en la Región Metropolitana para luego revenderlos ilegalmente en la capital loína. También se detuvo a su proveedor, de nacionalidad venezolana.

Una investigación de la Fiscalía de Calama y Brianco de la PDI permitió la detención de una mujer chilena, de 48 años, que se dedicada a la comercialización de distintos fármacos, entre ellos, varios de venta controlada, en ferias libres de la capital loína.
La mujer fue detenida en la Región Metropolitana en momentos que se abastecía en el mercado ilícito de una nueva partida de medicamentos, los cuales pretendía enviar como encomiendas a las ciudades de Antofagasta y Calama.
Durante el procedimiento también se detuvo a un ciudadano venezolano, de 43 años, que era quien suministraba a la imputada de los medicamentos que luego ella comercializaba de manera ilegal.
Ambos detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.

INVESTIGACIÓN
Según se conoció en audiencia de formalización, en virtud de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Calama y Brianco, se logró establecer que una mujer estaba coordinando con terceras personas la adquisición de diversos medicamentos, entre ellos, Tramadol, un analgésico opioide con alto poder adictivo, para lo cual se trasladaría a la comuna de Estación Central.
Labores de seguimiento realizadas a continuación por personal de la PDI permitieron ubicar a la mujer en dicha comuna capitalina, justo en momentos que recibía del imputado venezolano varias cajas de fármacos, las cuales posteriormente despachó a la región, vía encomienda, desde una agencia de la misma comuna.
Con estos antecedentes, la Fiscalía de Calama obtuvo órdenes para la interceptación y apertura de las encomiendas, las cuales contenían Tramadol de distintos laboratorios, además de otros medicamentos, como Zoplicona, Kenatrum, Ciclobenzaprina, Azitromicina, Famotidina, Diclofenaco Sódico, Hibuprofeno, Loperamida, Ácido Mefenámico, Ciprofloxacino, Ketorolaco Trometamol, Migranol, Clobetazol propionato y Famotidina.
El procedimiento continúa más tarde con el registro del inmueble del ciudadano venezolano, donde se incautan más fármacos.
En total, durante las diligencias conjuntas se pudieron incautar 457 cajas de fármacos controlados por la Ley 20.000, y 3.721 cajas de fármacos no controlados por esa ley, pero bajo vigilancia de la autoridad sanitaria, los cuales iban a ser vendidos en ferias libres de la ciudad de Calama.
Cabe señalar que, de acuerdo a la investigación desarrollada, la comerciante llevaba largo tiempo realizando este tipo de actividades ilícitas.

TRAMADOL
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo conjunto desarrollado por la Fiscalía de Calama y Brianco de la PDI, el cual, mediante distintas técnicas de investigación, permitió conocer el modus operandi y el proveedor de la comerciante, lo que a la postre permitió la detención y formalización de ambos.
De igual forma, llamó la atención respecto a la peligrosidad de esta actividad ilícita, pues la venta sin control médico de fármacos como el Tramadol, puede tener serias consecuencias en la salud de las personas, como también generar dependencia debido a su alto poder adictivo.
“Es un analgésico opioide que se prescribe para el tratamiento del dolor y que en nuestro país está sujeto a control de la Ley 20.000, es decir, bajo ninguna circunstancia puede estar a disposición del público en una feria libre, como se pretendía hacer esta oportunidad de manera absolutamente ilegal”, manifestó el persecutor.
Respecto al Tramadol, conviene mencionar que, en su último informe, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD, menciona este medicamento como un riesgo emergente para la salud pública debido a su alto tráfico y consumo, sobre todo en continentes como África.
El Juzgado de Garantía de Calama dispuso un plazo de investigación de 100 días.

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