SENADOR ARAYA, EN EL MARCO DE SU APOYO A LEY NAÍN- RETAMAL: «SI BIEN NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE FONDO, AYUDA Y ENTREGA HERRAMIENTAS PARA QUE LAS POLICÍAS SIENTAN UN RESPALDO»

Proyecto retorna a la Cámara de Diputados y Diputadas para su tercer trámite legislativo.

«Si bien no soluciona el problema de fondo, ayuda y entrega herramientas para que las policías sientan un respaldo», con estas palabras, el parlamentario antofagastino, Pedro Araya Guerrero, ratificó su apoyo a la denominada ley Naín- Retamal, iniciativa que fue aprobada, en general, por 40 votos y 5 rechazos, en la sala del senado.

En este sentido, Araya Guerrero criticó también el nivel de la discusión, que se ha dado por estos días, en el marco de dicho proyecto. «Ha sido un debate de trincheras, lleno de consignas, muchas de las cuales demuestran una profunda ignorancia, respecto de los temas que están en discusión», precisó el senador.

Asimismo, el legislador agregó que este proyecto no se pretende alzar como una solución mágica para enfrentar los problemas de delincuencia, enfatizando que es el estado el que debe atender al fondo del asunto y, por cierto, a las justas demandas de seguridad de todos, quienes habitan el territorio nacional.

Legítima defensa privilegiada

Durante el despacho del articulado se lograron acuerdos en torno a la regulación de presunción de la legítima defensa y de mantener dicha regulación en el Código Penal

En este sentido y mediante su intervención en la cámara alta, el senador aclaró que para resolver los problemas que se suscitan con la aplicación de la legítima defensa se han establecido ciertas presunciones, de corte legal, que establecen cuándo estamos en presencia de la mencionada atribución. «Institución que ha sido denominada «legítima defensa privilegiada» y nuestro Código Penal la consagra en el artículo 10 n°6″, recordó Araya.

«Lo que hace esta nueva propuesta es establecer una presunción legal, para señalar que concurren los requisitos de la legítima defensa, si se dan ciertos tipos abstractos de agresión. Por ejemplo, el ataque con un arma, por lo que como se puede apreciar lo que busca resolver este proyecto es la controversial discusión, respecto de la proporcionalidad- del medio empleado- para repeler el ataque o agresión ilegítima», explicó el parlamentario.

En este marco, Araya enfatizó que, producto de lo anterior, no se produce el efecto que algunos han querido instalar, de que tendremos una policía de «gatillo fácil» o que operará la impunidad en las actuaciones de los funcionarios policiales. «El proyecto no exime per se de responsabilidad penal al funcionario policial, sino que, muy por el contrario, para que opere la legítima defensa debe realizarse la respectiva investigación por parte del Ministerio de Público, donde deberá probarse que se dan los supuestos que exige esta eximente de responsabilidad penal para que opere».

Aprehensiones

Si bien el senador respaldó el proyecto de ley Naín- Retamal, también expresó que la iniciativa posee algunas inconsistencias, las que son necesarias corregir, mediante una comisión mixta o bien por medio de un veto presidencial. «La propuesta contenida en la indicación del artículo 13, que- acertadamente- exime de responsabilidad civil al funcionario policial que, en el ejercicio de su función y en cumplimiento del deber, producto de la conducción de un vehículo motorizado cause daños a terceros, mantiene la responsabilidad civil del dueño del vehículo, frente a los daños ocasionados».  A lo anterior, el legislador afirmó que lo correcto sería señalar que la responsabilidad civil es del Estado y no del dueño del vehículo.

De igual modo, el parlamentario agregó que «se agrega un tratamiento algo confuso a las normas aplicables a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad y de FF.AA., cumpliendo labores de orden público, relativas a la legítima defensa y la debida concordancia que debe existir entre las normas del Código Penal y el Código de Justicia Militar».

En esta línea, el senador hizo hincapié en algunos aspectos que se podrían mejorar. «La fórmula propuesta de un régimen más gravoso de penas, puede eventualmente ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por no respetar el principio de racionalidad y proporcionalidad de las penas, como ya ha ocurrido con otras leyes, como, por ejemplo, la Ley Emilia».

A su vez, el senador indicó que «para que estas normas tengan el efecto disuasivo, que se pretende, es clave que los delitos sean esclarecidos, de nada sirve el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales y agravantes, regímenes más estrictos en materia de aplicación de penas y cumplimiento de penas privativas de libertad, si al final del día el delincuente piensa que no logrará ser descubierto, lo que termina inhibiendo a un delincuente de cometer delitos no es solo la pena asignada al delito, sino la posibilidad real y cierta de ser atrapado».

Nueva eximente

Por otra parte, Araya Guerrero manifestó que no apoyará la propuesta de incorporar un numeral, en el artículo 10 del Código Penal, que establece una nueva eximente de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o de FF.AA. que tengan personal a su mando, por los delitos que eventualmente pueda cometer ese personal. «No veo cuál es la razón de esta eximente de responsabilidad y qué relación mantiene con la idea matriz del proyecto, además de alterar sustancialmente las normas sobre responsabilidad del mando», dijo el parlamentario.

«Asimismo, las modificaciones que se proponen, al artículo 150 D del Código Penal, tampoco me parece que vayan por el camino correcto, dado que se modifica el tipo de apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos y degradantes que no alcanzan a constituir tortura, en un sentido de incluir nuevas exigencias para que se den los presupuestos de este tipo penal», finalizó el senador.