El Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Calama decidieron dejar de investigar a los dirigentes sindicales por no establecer su participación en el caso.
El Diputado Jaime Araya solicitó a la Comisión de Minería de la Cámara oficiar al Presidente del Directorio de CODELCO, Máximo Pacheco, y a toda la compañía para que se tomen las medidas que permitan “reparar el mal causado” a los trabajadores sindicales que fueron acusados por la cuprífera de construir un supuesto esquema defraudatorio en el denominado “Caso Seguros”, asunto donde el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Calama una audiencia para no perseverar en la investigación, tras años de diligencias que no logró establecer la participación a los imputados.
El legislador sostuvo que dicha acusación fue “injusta e infundada que causó grave daño a la dirigencia sindical, a los propios sindicatos, pero fundamentalmente a las familias de los dirigentes” y que “tiene que ser reparada de alguna manera”.
Araya también sugirió que desde la Comisión de Minería “se les pudiese escuchar a los dirigentes para limpiar su nombre”, dado que -según el parlamentario- se cometieron actos “para desprestigiar” a los dirigentes sindicales: “La justicia, después de una larga investigación, acreditó que no había nada incorrecto, tal como ellos lo señalaron desde el primer momento”.
El parlamentario indica que -pese a que estas acciones son de una administración pasada- “la empresa es permanente y debe tomar todas las medidas de reparación”, señalando que muchos de los formalizados “fueron desvinculados arbitrariamente”.
La Comisión, finalmente, acordó oficiar a CODELCO para pedir “que haga todos los gestos de reparación que sean necesarios para limpiar el buen nombre de los trabajadores y dirigentes sindicales injustamente acusados”.