Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
En una jornada histórica, la Sala del Senado aprobó y despachó a ley la ansiada reforma al Sistema Notarial y Registral, tras más de seis años de tramitación legislativa, iniciativa que tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.
La reforma, que actualiza el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.
A nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, valoró el apoyo a este proyecto, que da término a una larga tramitación de un proyecto de ley anhelado, tanto para el sistema de justicia y también para los ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo, destacó que “este proyecto de ley va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía: establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país”.
Son características de la ley:
1. Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
2. Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
3. Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
4. Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
5. Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
6. Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.