“La ONAR cumple un rol clave en la gestión de actividades en espacios públicos, en la articulación intersectorial y en la resolución temprana de conflictos, especialmente en comunas alejadas y zonas rurales, donde la ausencia de acompañamiento institucional se siente con mayor fuerza”, manifestó el legislador.
El diputado por la región de Antofagasta José Miguel Castro (RN) solicitó –mediante oficio– a la ministra Secretaria General de la Presidencia, al subsecretario de la Segpres y al director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), que entreguen información detallada respecto al aparente cierre de la oficina regional de la ONAR en Antofagasta, medida que habría entrado en vigencia en noviembre de 2023.
El parlamentario advirtió que, de confirmarse esta decisión, desde Valparaíso hacia el norte, el país habría quedado sin cobertura presencial de este organismo, lo que genera graves afectaciones a las comunidades de fe y organizaciones religiosas que requieren orientación estatal para ejercer sus actividades en igualdad de condiciones. En esta línea, el legislador remarcó que “la ONAR cumple un rol clave en la gestión de actividades en espacios públicos, en la articulación intersectorial y en la resolución temprana de conflictos, especialmente en comunas alejadas y zonas rurales, donde la ausencia de acompañamiento institucional se siente con mayor fuerza”.
El parlamentario recordó que la Ley de Culto consagra el pleno ejercicio de la libertad religiosa en Chile, y que los objetivos de la ONAR apuntan precisamente a garantizar la igualdad de trato, propiciar el diálogo interreligioso y asegurar la no discriminación en el acceso a servicios públicos. Desde esta perspectiva, advirtió que la eventual ausencia de la oficina regional en Antofagasta no solo significa una pérdida administrativa, sino que podría traducirse en una vulneración concreta a la libertad de culto y a la articulación del Estado con los distintos credos presentes en la zona.
Mediante el documento legislativo, el diputado Castro pidió confirmar formalmente si la oficina regional fue cerrada, indicando la fecha, el acto administrativo y las autoridades que adoptaron la medida. Además, requirió un informe técnico y presupuestario que fundamente la decisión, con detalle de la dotación al momento del cierre, indicadores de desempeño y alternativas evaluadas antes de concretar la medida. También solicitó precisar los canales de atención y protocolos de continuidad del servicio que se aplican hoy en Antofagasta y el norte del país, así como la coordinación vigente con la Delegación Presidencial, municipalidades, Carabineros, seremis y otros servicios públicos.
“Cerrar una oficina de este tipo no es un mero ajuste administrativo, sino que significa dejar a comunidades religiosas sin un puente con el Estado. Estamos hablando de permisos, de gestiones en espacios públicos, de emergencias y de un acompañamiento necesario en materia de libertad de culto y no discriminación, no puede ser que regiones enteras queden sin esa presencia territorial”, advirtió el diputado Castro.
Por otra parte, el parlamentario planteó que el Ejecutivo debe aclarar si existe un plan para reinstalar la oficina en Antofagasta en el corto plazo, considerando modalidades, plazos y recursos asignados. “No se puede centralizar todo en Santiago o Valparaíso, porque eso desconoce la diversidad y las necesidades del norte del país; lo que pedimos es certeza: si se cerró, queremos las razones; si se va a reabrir, necesitamos fechas y compromisos claros”, añadió el legislador.
Finalmente, el Legislador reiteró que seguirá acompañando las demandas de las comunidades de fe en la región de Antofagasta. “Mi compromiso es velar porque exista igualdad de trato para todas las religiones y que los ciudadanos tengan acceso a un Estado que los reconozca y acompañe en sus convicciones, sin importar la comuna o el territorio en que vivan”, señaló.