La parlamentaria ofició a la ministra de Desarrollo Social y Familia para que informe sobre la verdadera situación de las familias que habitan en campamentos, denunciando la presencia de “tomas VIP” en los diferentes campamentos ubicados en el borde cerro de las comunas de la región de Antofagasta.
Tras recibir una serie de denuncias respecto a personas que hoy vivirían en campamentos aprovechándose del sistema para obtener beneficios sociales, a pesar de contar con viviendas de material sólido, comprar y entregar en arriendo terrenos ilegales e incluso tener vehículos de alto valor, la diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada, envió un oficio a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para solicitarle información clara y actualizada sobre la realidad de quienes viven en los campamentos de la región de Antofagasta.
“Necesitamos saber quiénes realmente requieren apoyo del Estado. No puede ser que, mientras muchas familias sobreviven con lo justo, otras personas utilicen los campamentos como negocio o como una vía rápida para obtener beneficios que no les corresponden”, sostuvo la parlamentaria Yovana Ahumada, quien recalcó la urgencia de realizar un censo real que permita dimensionar entre otras cosas el número de viviendas sociales que realmente se necesitan en la región y así focalizar la ayuda.
La legisladora antofagastina subrayó que esta situación no solo distorsiona las políticas públicas, sino que también genera frustración entre quienes esperan una solución habitacional, indicando que “son muchos los vecinos que nos han dicho que ven a personas con recursos, con vehículos, incluso comprando terrenos ilegales y levantando casas de concreto. Eso es una burla para las familias que viven en serio hacinamiento y pobreza”, añadió Yovana Ahumada.
En su oficio, la diputada del PSC solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que detalle cuántos campamentos están formalmente catastrados en Antofagasta, cuáles corresponden a real vulnerabilidad y cuáles a situaciones abusivas. Además, pidió que se informe sobre las medidas de fiscalización y los protocolos de priorización para evitar que los beneficios estatales lleguen a quienes no los necesitan.
“Esto no es solo un tema de justicia social, también lo es de probidad y transparencia. Los recursos del Estado deben llegar a quienes verdaderamente sufren la falta de vivienda y no a quienes buscan lucrar con la necesidad para vivir en una especie de “toma VIP”. Estoy planteando que los errores se corrijan y que se les quiten los beneficios sociales a los que no los merecen y están abusando del sistema”, concluyó la diputada Yovana Ahumada.