Los resultados de la Encuesta Casen 2024 confirman un hecho que es imposible desconocer: Chile es hoy un país menos pobre que hace dos años, incluso bajo una metodología más exigente. La pobreza por ingresos, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional y la pobreza severa —aquella que afecta a personas que viven simultáneamente en pobreza por ingresos y multidimensional— registran una reducción significativa. Estos avances no son un artificio estadístico, sino el reflejo de políticas públicas y de un avance como sociedad que han logrado proteger a miles de hogares en un contexto económico desafiante.
Este resultado es parte del legado del gobierno del presidente Gabriel Boric, que optó por elevar el estándar de medición de la pobreza precisamente para observar con mayor nitidez las carencias reales de nuestro país. Medir con más exigencia implica asumir riesgos, pero también permite diseñar mejores políticas públicas, más pertinentes y eficaces.
Al mismo tiempo, la Casen 2024 entrega una guía clara para el diseño de las políticas de superación de la pobreza del futuro. En Chile aún persisten núcleos de pobreza estructural; es decir, sectores de la población que enfrentan barreras orgánicas y persistentes para acceder a las oportunidades económicas que el país presenta. Estos hogares —como aquellos donde las personas ejercen labores de cuidado— quedan estructuralmente excluidos de los beneficios del crecimiento dado que no pueden participar de actividades productivas por las restricciones que enfrentan, incluso cuando la economía se expande como en la actualidad.
Sin políticas habilitantes como la sala cuna universal, un Sistema Nacional de Cuidados robusto que libere tiempo para participar del mercado laboral, o un monotributo social que permita formalizar actividades productivas ganando protección social, estos núcleos de pobreza difícilmente podrán integrarse de manera efectiva al desarrollo económico.
Esta realidad ha sido leída por algunos economistas y expertos como evidencia de un mercado laboral débil. Sin embargo, el diagnóstico requiere mayor profundidad. El problema no se agota en la cantidad de empleo o emprendimientos disponibles. Incluso en escenarios de mayor dinamismo económico o de pleno empleo, estos núcleos de pobreza estructural seguirían enfrentando barreras orgánicas para generar ingresos si no se abordan factores como los cuidados y el acceso a seguridad social.
En esta línea el rol de servicios públicos como el FOSIS es estructural. Nuestros programas no solo entregan recursos, sino que ofrecen oportunidades concretas de generación de ingresos, adaptadas a los tiempos y realidades de las personas, a través del apoyo al emprendimiento, la capacitación y el acompañamiento. Para los deciles más bajos —y especialmente para quienes forman parte de los núcleos de pobreza estructural — el emprendimiento de pequeña escala es, muchas veces, una de las pocas vías efectivas para participar del desarrollo económico y generar ingresos propios. Esto exige políticas que reconozcan esas restricciones reales y permitan construir trayectorias económicas estables.
Por ello, este debate representa una oportunidad para profundizar políticas públicas que fortalezcan el acceso a la generación de ingresos de los sectores más excluidos, y no para retroceder en la protección social. Iniciativas como la sala cuna universal, el Sistema Nacional de Cuidados y el monotributo social no son gastos, sino inversiones habilitantes para ampliar la participación laboral, reducir brechas de género y permitir que más personas puedan capacitarse, trabajar o emprender.
La Casen 2024 muestra que Chile avanza decididamente en la reducción de la pobreza, incluso con una medición más exigente. Tenemos la oportunidad de enfrentar con decisión las barreras estructurales que siguen excluyendo a miles de familias de la generación sostenible de ingresos.