La instancia revisó nueve casos de interrupción de tratamientos hormonales y acordó agilizar las interconsultas para evitar graves riesgos de salud en la población privada de libertad.
La instancia revisó nueve casos de interrupción de tratamientos hormonales y acordó agilizar las interconsultas para evitar graves riesgos de salud en la población privada de libertad
La Defensoría Regional de Antofagasta, en el marco de su misión institucional de resguardar los derechos humanos de personas privadas de libertad, solicitó una reunión de coordinación para abordar las brechas de atención en salud que afectaban a población LGBTIQ+ y trans en contexto de encierro.
La petición acogida por la Unidad de Salud Transgénero del Hospital Regional de Antofagasta, se llevó a cabo el pasado 29 de enero en dependencias del recinto hospitalario.
En representación de la Defensoría Regional, asistieron el jefe de Estudios Regional, Stephen Kendall Craig; Valentina Acuña Monsalve, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD); y la defensora penitenciaria Camila Leonicio Uribe.
Durante la exposición de casos, se presentaron nueve personas LGBTIQ+ y trans privadas de libertad en el Complejo de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta que, por condiciones asociadas a su encierro, interrumpieron sus tratamientos hormonales, generando riesgos físicos, emocionales y de salud integral.
DERECHOS Y SALUD
La instancia determinó solicitar con urgencia interconsultas para primera atención con matrona, reinicio de ciclos hormonales supervisados por especialistas, acceso a medicamentos y la implementación de controles médicos periódicos.
En su intervención, la defensora penitenciaria Camila Leonicio Uribe, enfatizó la relevancia de la coordinación lograda. “Restablecer estos tratamientos fue una necesidad inmediata; la suspensión abrupta generó consecuencias físicas y emocionales que no podíamos ignorar”, afirmó.
Por su parte, Valentina Acuña Monsalve destacó el compromiso institucional de la Defensoría Penal Pública con la protección de grupos vulnerables. “Reafirmamos nuestro deber de garantizar una atención digna y de prevenir riesgos sanitarios graves mediante mesas de trabajo que articulen a todos los actores responsables”, señaló.
La mesa de coordinación quedó fijada para una nueva sesión a fines de febrero de 2026, con invitación extendida a Sodexo —empresa concesionaria del CCP Antofagasta—, Fonasa y Gendarmería de Chile, con el fin de agilizar la atención médica efectiva dentro del penal. La Defensoría Regional subrayó que continuará impulsando espacios interinstitucionales para superar barreras de acceso a la salud en recintos penitenciarios concesionados.