La Defensoría Penal Pública reforzó su rol de supervisión y defensa especializada mediante una visita al Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Antofagasta. El recorrido, encabezado por la Defensora Regional, Karina Reyes Gálvez, tuvo como propósito conocer en terreno las condiciones de vida y habitabilidad de los 20 adolescentes privados de libertad en el recinto, que cuenta con una capacidad total de 42 plazas.
En la actividad participaron además el defensor público juvenil, Francisco Barahona Olivares; la psicóloga de la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ), Golda Barrientos Bellone; y el director regional (s) del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Antofagasta, Alejandro Azócar Zubicueta.
La visita se enmarca en el trabajo permanente de la institución orientado a supervisar el cumplimiento de las garantías de los jóvenes sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N.º 20.084), verificando su acceso a educación, talleres formativos, programas de intervención y las condiciones de habitabilidad y acompañamiento brindadas por el personal del centro y Gendarmería.
Evaluación y coordinación
Durante el recorrido, las autoridades revisaron la infraestructura y las dependencias del recinto, además de sostener conversaciones con algunos jóvenes, a quienes invitaron a mantener una convivencia respetuosa, cumplir con las normas del reglamento interno y participar activamente en los programas psicoeducativos. La información recabada en esta instancia permitirá definir el plan de trabajo 2026 del área de defensa juvenil, enfocado en fortalecer la intervención especializada, ampliar la coordinación interinstitucional y promover acciones concretas orientadas a la reintegración social de los adolescentes infractores.
Compromiso con un sistema justo y humano
El defensor público juvenil, Francisco Barahona Olivares, valoró la instancia y destacó el compromiso institucional con los procesos de acompañamiento de los jóvenes. “En nuestra visita reafirmamos el compromiso de transformar el proceso judicial en una oportunidad real de cambio para las y los jóvenes sancionados bajo la Ley 20.084. Nuestro desafío para este 2026 es consolidar la Unidad de Defensa Penal Juvenil en la región”, expresó Barahona.
Por su parte, la Defensora Regional, Karina Reyes Gálvez, subrayó el sentido de estas supervisiones periódicas. “Nuestro trabajo en los centros privativos de libertad busca asegurar que cada joven reciba un trato digno, con acceso real a educación, programas de intervención y a una defensa especializada que garantice sus derechos en todo momento. Estas visitas son fundamentales para fortalecer un sistema respetuoso, humano y orientado a la reinserción social”, señaló la autoridad regional.
Con este recorrido y la elaboración de su agenda estratégica para 2026, la Defensoría Regional de Antofagasta reitera su compromiso con la defensa especializada y la construcción de un sistema penal juvenil más justo, restaurativo y centrado en la dignidad de los jóvenes.