El legislador, junto a sus pares de la Bancada de Diputados PPD e Independientes, impulsan esta modificación a la Constitución ante el avance de la “megareforma” del Gobierno.
El diputado Jaime Araya, junto a la bancada PPD-Independientes, presentó un proyecto de Reforma Constitucional que establece un régimen de “invariabilidad normativa” por un plazo de 10 años para proteger derechos sociales y laborales. La iniciativa busca asegurar que no existan retrocesos en la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la Ley de 40 horas laborales ni en el actual sistema de indemnizaciones por años de servicio frente al escenario económico y presupuestario actual.
El proyecto surge como una respuesta directa a la invariabilidad tributaria que el Ejecutivo contempla para los grandes proyectos de inversión en su “mega reforma” económica.
A través de este mecanismo, durante un período de diez años quedará estrictamente prohibido aprobar cualquier cambio legal -por ejemplo- rebajar los beneficios actuales o futuros de la PGU, disminuir el financiamiento público o elevar los requisitos de acceso a dicha pensión.
La reforma también prohíbe rebajar el monto de las indemnizaciones laborales vigentes (un mes por año con tope de 11 años) y que se aumente la jornada laboral ordinaria por sobre los límites actualmente fijados por Ley.
En este sentido, Araya manifestó su profunda preocupación por el rumbo de la política fiscal de la administración del Presidente José Antonio Kast. Según los cálculos técnicos que fundamentan la moción, los recortes presupuestarios en marcha amenazan la continuidad de cerca de 260 programas sociales.
Asimismo, se advierte que la reducción del impuesto corporativo al 23% y el retorno a un sistema tributario completamente integrado significarán una merma fiscal estimada en US$4.500 millones anuales, lo que pone en riesgo el financiamiento permanente de prestaciones del Estado, como la PGU.
De ser aprobada en el Congreso, la invariabilidad normativa comenzará a regir de forma inmediata. Una vez cumplido el plazo inicial de 10 años, el proyecto establece un quórum calificado de resguardo: cualquier reforma posterior que pretenda limitar, disminuir o restringir las condiciones de la PGU, las indemnizaciones o la jornada de 40 horas requerirá del voto favorable de al menos cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio.