El parlamentario solicitó una fiscalización urgente por la disposición de material proveniente de la construcción de la planta de reúso de aguas servidas, proyecto vinculada a la empresa Sacyr. Pidió verificar el cumplimiento de su Resolución de Calificación Ambiental y adoptar sanciones si se constatan infracciones.
El diputado Jaime Araya anunció una denuncia y solicitó una fiscalización urgente de la Superintendencia del Medio Ambiente ante un eventual incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental asociada a la construcción de la planta de reúso de aguas servidas de Antofagasta, adjudicada a Econssa, empresa vinculada a Sacyr. Según expuso el parlamentario, existen antecedentes y denuncias respecto de material proveniente de las obras que estaría siendo depositado en el sector del antiguo vertedero de La Chimba.
“Una vez más vemos a la minería utilizando la ciudad de Antofagasta como el patio trasero de sus operaciones. Existe una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que establece claramente las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse este proyecto y, en mi opinión, existen antecedentes suficientes para que la autoridad ambiental vaya a terreno y determine si esas obligaciones se están cumpliendo”, señaló Araya.
El diputado sostuvo que la RCA establece que los residuos y materiales derivados de la construcción deben ser dispuestos en lugares autorizados, por lo que pidió que la SMA se constituya en el sector señalado, constate las condiciones existentes y determine si corresponde iniciar un procedimiento sancionatorio.
“Las resoluciones de calificación ambiental no son una sugerencia: fijan las reglas, condiciones y obligaciones bajo las cuales un proyecto puede funcionar. Si se comprueba que material de estas obras está siendo depositado en un lugar no autorizado, la Superintendencia tiene que actuar con toda la fuerza de la ley. Y si para asegurar el cumplimiento ambiental corresponde detener las obras, esa posibilidad también debe evaluarse”, afirmó.
Araya recordó además anteriores controversias ambientales vinculadas a actividades industriales y mineras en Antofagasta, señalando que la relación entre estas actividades económicas y la ciudad debe basarse en el estricto cumplimiento de las normas ambientales. “Todos entendíamos que debía existir un nuevo trato entre la minería y Antofagasta. Lo que no podemos aceptar es que una empresa haga lo que quiera y que después de años de procedimientos recién lleguen las sanciones”.
“Espero una señal clara de la Superintendencia: fiscalización inmediata, determinación de responsabilidades y, si existen incumplimientos, las sanciones que correspondan. Antofagasta se respeta y sus normas ambientales también”, concluyó el parlamentario.