La Fiscalía de Calama formalizó hoy a un imputado de 18 años, por la agresión que el viernes pasado costó la vida a una inspectora del Colegio Obispo Silva Lezaeta y dejó con lesiones a otra funcionaria y tres alumnos del mismo plantel, lo que constituiría el primer caso de “Violencia Escolar Dirigida” detectado en Chile.
Durante la audiencia, se imputaron al detenido un homicidio calificado consumado, con modalidad de alevosía y premeditación conocida; cuatro homicidios calificados frustrados con la misma modalidad; un delito tenencia de dispositivos y piezas para explosivos y un delito de porte de arma cortante y punzante reiterado.
De igual forma, la Fiscalía planteó como agravantes de responsabilidad penal cometer el delito motivado por la edad de las víctimas, y cometerlo contra personas menores de 18 años.
Ante el Juzgado de Garantía de Calama, la Fiscalía entregó pormenorizados detalles de la investigación, que fue dirigida por el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios y el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, dando cuenta de un actuar premeditado y planificado del detenido, quien habría llegado al establecimiento portando diversas armas cortopunzantes y contundentes, además de gas pimienta y otros elementos, para perpetrar el ataque en contra de funcionarios y alumnos de la comunidad escolar.
El hecho, según se expuso ante el tribunal, constituiría un caso de Violencia Escolar Dirigida (Targeted School Violence, TSV, por sus siglas en inglés), fenómeno que, de acuerdo a estudios de psicología forense, se caracteriza por una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos definidos por el atacante.
Para sostener esto, la Fiscalía detalló el contenido de un cuaderno incautado al detenido, donde se describen las acciones que acometería, con fechas límite, lugar donde las realizaría y un análisis de sus consecuencias, hasta llegar al día en que se ejecutaría el ataque, que denominó “día de ira” (“dies irae”, en latín).
Además, en las armas que portaba el detenido al momento de los hechos, se encontraron inscripciones que hacían referencia a ataques contra comunidades educativas en otros países del mundo.
PRIMER CASO
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien acompañó directamente la indagatoria, destacó que la hipótesis investigativa, de acuerdo a estudios de criminología y psicología forense tenidos a la vista por el equipo investigador, es que se trataría del primer caso de Violencia Escolar Dirigida (TSV) que se detecta en Chile.
“Este fenómeno se caracteriza por una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos que incluye a docentes específicos o compañeros identificados como acosadores. El autor de TSV suele ser un miembro de la comunidad educativa, lo que le otorga un conocimiento táctico del terreno, las rutinas y las debilidades de seguridad del plantel”, explicó el persecutor.
Castro Bekios sostuvo que, al menos hasta este momento, la fiscalía no tiene ningún antecedente que permita considerar una causal de inimputabilidad o imputabilidad disminuida. “Por el contrario, con los antecedentes que tenemos hasta ahora, lo que hay es una planificación previa de una importante data para planificar, coordinar y urdir un ataque homicida respecto de personas indeterminadas, pero en todo caso, contra de alumnos y profesores de su establecimiento educacional, tal como ocurrió en definitiva”, señaló.
TRABAJO
El fiscal destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Calama, el equipo ECOH y la unidad de Asesoría Jurídica, lo que permitió, en sólo 72 horas, aportar al tribunal numerosos antecedentes para justificar los delitos formalizados y la petición de cautelares contra el detenido.
“Es natural sentir temor ante lo inexplicable, pero quiero que la ciudadanía comprenda algo fundamental: este ataque no fue un acto al azar, fue un plan que nuestra inteligencia penal ya ha desglosado por completo. Al mirar estos resultados, ustedes pueden empezar a sentir la seguridad de un sistema que funciona. Hemos pasado de la reacción a la estrategia”, dijo.
Castro Bekios agregó que el Ministerio Público no descansa en su misión de proteger a la comunidad. “Esta formalización es la respuesta firme de un Estado que no tolera la violencia en sus aulas. Reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas y sus familias. La persecución penal estratégica que lideramos es la garantía de que la justicia prevalecerá sobre cualquier intento de desarticulación de nuestra convivencia social. En Antofagasta y Calama, la ley se aplica con precisión, inteligencia y firmeza inquebrantable”, sostuvo.
Hacia el final de la audiencia, el Juzgado de Garantía de Calama rechazó alegaciones de la defensa del detenido respecto a una presunta inimputabilidad del mismo por razones de salud mental, y dispuso que quedara con la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, con un plazo de investigación de 180 días.
Cabe precisar que, junto a la investigación penal, la Fiscalía Regional de Antofagasta mantiene permanente contacto con las víctimas directas e indirectas de estos graves hechos, que causaron conmoción a nivel nacional.