Este 10 de marzo se cumplen 25 años desde la publicación de la Ley N° 19.718, norma que creó el organismo que hoy dirige la Defensora Nacional Verónica Encina Vera. El aniversario coincide con el ingreso al Congreso, por parte del Gobierno, de la iniciativa que busca un plan de modernización que permita a la defensa pública equilibrar la cancha ante el Ministerio Público y asumir adecuadamente los actuales desafíos de la defensa pública.
A 25 años de la publicación de la norma legal N° 19.718 que creó formalmente a la Defensoría Penal Pública, en el marco de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el Proyecto de Ley que busca la autonomía constitucional del organismo.
La noticia, según explicó Encina, es una señal de “reconocimiento a la trayectoria institucional y al trabajo desarrollado por funcionarias, funcionarios, defensoras y defensores a lo largo del país”, agregando que “es un paso adelante muy importante en el equilibrio y la igualdad de armas que requieren todos los organismos que intervienen en el sistema de justicia para garantizar que funcione y se haga una mejor justicia para la ciudadanía”.
Asimismo, la Defensora Nacional destacó que “cumplir 25 años es una oportunidad para reconocer una labor esencial para la justicia y para el Estado de Derecho”.
“La defensa penal pública garantiza que el derecho a defensa no sea una declaración abstracta, sino una realidad concreta para las personas en todo el país. Este aniversario marcará un hito de un histórico anhelo institucional”, recalcó la abogada.
Creada en el contexto de la reforma procesal penal, la Defensoría Penal Pública nació como un servicio público descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, con la misión de proporcionar defensa penal a las personas imputadas o acusadas por crimen, simple delito o falta. Esa creación y naturaleza institucional constan en el artículo 1° de la Ley N° 19.718.