La parlamentaria del Partido Social Cristiano, ofició sobre posibles criterios arbitrarios en la adjudicación del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y pidió paralizar temporalmente el proceso mientras se aclaran las irregularidades que afectan a más de 700 iniciativas locales.
La diputada por la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, llegó hasta la Contraloría General de la República en Santiago, para solicitar que se investigue el proceso de adjudicación del 8% concursable del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tras recibir denuncias de diversas organizaciones sociales que fueron declaradas inadmisibles sin una justificación clara. “Muchas de nuestras juntas de vecinos quedaron fuera del proceso sin motivos que se ajusten a las bases. No sabemos si hubo criterios arbitrarios o incluso errores graves en la revisión y me parece que por transparencia eso tiene que aclararse”, afirmó la legisladora del PSC.
La parlamentaria Yovana Ahumada explicó que “entre las principales irregularidades denunciadas se encuentra el rechazo de proyectos por supuestos errores formales que, según las bases del concurso, podían ser subsanados. Además, se cuestiona que se haya exigido documentación no contemplada en las reglas, como certificados de instaladores SEC para instalaciones que no requerían intervención eléctrica. Es por eso que nos preocupa profundamente que este proceso esté afectando a organizaciones que llevan años trabajando por sus comunidades y que ahora ven injustamente frustrados sus proyectos”, agregó.
La situación fue alertada por dirigentes de la Junta Vecinal Gabriela Mistral y otras agrupaciones, quienes entregaron a la diputada una carta respaldada por firmas y antecedentes detallados sobre los motivos de su adjudicación. Entre las observaciones, también se denuncia que la revisión de los proyectos fue encargada a una empresa externa de Santiago, lo que pone en duda la pertinencia territorial y la trazabilidad del proceso. “No queremos sorpresas, queremos transparencia y justicia para nuestras organizaciones”, enfatizó la legisladora Ahumada.
En su oficio dirigido a la Contralora Dorothy Pérez, la diputada Yovana Ahumada solicitó que se determine si los criterios de evaluación fueron objetivos y legales, y si la externalización del proceso se ajustó a las normas vigentes. “Aquí se están usando recursos públicos y no puede haber espacio para errores, discrecionalidad ni favoritismos. Por eso pedimos que se paralice este proceso hasta que se aclare lo ocurrido”, señaló.
En ese sentido, la parlamentaria antofagastina hizo un llamado a los consejeros regionales a ejercer su rol fiscalizador y pidió al Gobierno Regional actuar con máxima transparencia, indicando que “nuestra región no puede seguir perdiendo oportunidades por malas decisiones administrativas. Estas organizaciones necesitan el financiamiento para mejorar la seguridad, el bienestar y la vida en sus barrios. Por eso, esta situación tiene que esclarecerse”, concluyó la diputada Yovana Ahumada.