El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), expresó su preocupación ante los hallazgos contenidos en el Informe Final de Auditoría N° 810/2024, emitido por la Contraloría General de la República, donde se identifican serias deficiencias en el control, ejecución y rendición de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional.
Uno de los puntos más graves revelados por el informe es que más de 4.200 millones de pesos fueron transferidos a distintas entidades privadas sin una rendición completa ni debidamente respaldada.
“No estamos hablando de detalles técnicos, sino de millones de pesos que salieron del presupuesto regional sin los controles ni las rendiciones que la ley exige. Eso amerita respuestas urgentes y acciones concretas”, señaló el parlamentario regional y actual Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por otra parte, el informe también da cuenta de que existen 4.856 millones de pesos observados o rechazados por la unidad de control, sin que el Gobierno Regional haya iniciado ningún proceso de cobro, restitución ni acciones legales para recuperar esos fondos. Esta inacción compromete seriamente el deber institucional de cautelar el uso de los recursos públicos.
“La probidad no se negocia ni se relativiza, si hubo errores o negligencia, corresponde asumirlas institucionalmente, aclararlas y corregirlas sin escudarse en el calendario electoral”, sostuvo el legislador.
Otra situación preocupante detectada por la Contraloría es que dos funcionarios del propio Gobierno Regional participaron en la evaluación de proyectos financiados con fondos FNDR sin declarar vínculos previos con las instituciones postulantes, entre ellas la Fundación Red Antofagasta y la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Esta omisión vulnera el principio de imparcialidad y debida abstención en los procesos evaluativos.
“Es insostenible que se detecten conflictos de interés en evaluaciones de proyectos sin que nadie lo advierta, eso debe investigarse a fondo y corregirse para que no vuelva a ocurrir”, advirtió Castro.
Finalmente, el informe también hace referencia al uso de la imagen del Gobernador Ricardo Díaz en publicaciones institucionales durante el periodo previo a las elecciones, lo que podría contravenir el principio de prescindencia política, exigido para toda autoridad en contextos electorales.
Frente a estos antecedentes, el diputado José Miguel Castro solicita al Gobierno Regional una respuesta pública, clara y documentada respecto de cada una de las observaciones señaladas por el órgano contralor. Por otra parte, los mencionados antecedentes han sido remitidos al ministerio público para su respectiva investigación en su arista penal.
Finalmente, el diputado Castro hizo un llamado al Consejo Regional para que convoque a una sesión extraordinaria donde se aborden estas responsabilidades administrativas, y pide que la Delegación Presidencial “haga seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas instruidas por la Contraloría General de la República”.