Tras el robo de un automóvil con un niño de 7 años en su interior
Luego de que se conociera el caso de un robo de vehículo en Antofagasta con un niño de 7 años en su interior, el diputado José Miguel Castro (RN) alzó la voz para pedir mayor celeridad en la tramitación de un proyecto de ley que busca endurecer las penas para este tipo de delitos, catalogándolos como verdaderos secuestros.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en el sector norte de la ciudad, cuando una mujer fue víctima del robo de su automóvil mientras su hijo se encontraba dentro del vehículo. Los responsables huyeron con el menor y lo abandonaron varias cuadras más adelante. Uno de los detenidos por este crimen ya se encontraba bajo custodia por su participación en el atropello del teniente Eduardo Baeza, ocurrido días después.
Frente a estos hechos, el diputado Castro mencionó que en noviembre de 2023 presentó, junto a un grupo transversal de parlamentarios, un proyecto de ley que modifica el artículo 433 del Código Penal, incorporando como agravante el secuestro de menores durante la comisión de un robo violento. La iniciativa propone sanciones de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, en casos donde el robo incluya, además, el secuestro de un menor.
“Los portonazos y encerronas con menores en el vehículo son verdaderos secuestros que marcan de por vida, en nuestra región de Antofagasta ya lo hemos vivido, y no podemos seguir permitiendo que quienes arriesgan la vida de los niños queden impunes”, señaló el diputado Castro.
El parlamentario además, pidió a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que pongan este proyecto en tabla; “necesitamos avanzar”, señaló, y dijo que “los niños deben estar protegidos por el Estado y la ley debe responder con dureza frente a crímenes tan crueles como estos”.
La propuesta legislativa busca cerrar un vacío legal que actualmente impide sancionar con mayor severidad a quienes, en el contexto de un robo, involucran a menores de edad. Para Castro, este tipo de medidas no solo fortalecen el sistema penal, sino que envían una señal clara de que la violencia contra la infancia no será tolerada bajo ninguna circunstancia.