Tras cancelación de matrícula de un centenar de estudiantes
La sede del INDH envió un oficio a la entidad que fiscaliza a los establecimientos a fin de asegurar el acceso a la educación. Entre otras materias, se solicita examinar la legalidad de las medidas impuestas por el establecimiento de Antofagasta.
La sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió un oficio a la Superintendencia de Educación para pedir que intervenga ante la decisión del Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos, que resolvió caducar la matrícula de al menos 100 estudiantes. De acuerdo con la información entregada por madres, padres, apoderadas y apoderados, fueron forzados a firmar un documento en que se comprometen a cambiar de establecimiento educacional en 2026.
Como recuerda el INDH en su Informe Anual 2025, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos. Su disponibilidad y acceso implican que el Estado debe asegurar a niños, niñas y adolescentes condiciones de igualdad y no discriminación e impedir que las barreras o diferencias socioeconómicas y culturales limiten el derecho a una educación de calidad. El capítulo sobre educación del Informe Anual 2025 puede descargarse aquí.
Solicitud del INDH
Según relata el oficio enviado a la Superintendencia de Educación, en un principio el liceo habría resuelto cambiar a algunos estudiantes de la jornada matutina a la jornada vespertina, pero poco después habría informado a la comunidad estudiantil que la jornada de la tarde se cerraría, funcionando únicamente en la mañana.
La sede regional sostiene que esta situación causa “una gran preocupación por la continuidad de los estudios” del estudiantado. “Además los hace sentir abandonados y discriminados por el sistema educacional, toda vez que justamente los de la tarde eran en gran porcentaje alumnos que por temas disciplinarios y convivencia escolar habían sido cambiados a esa jornada, para luego cerrarla sin aviso ni comunicación previa”, indica el oficio.
Es por ello que la sede del INDH solicitó a la Superintendencia que se pronuncie sobre la legalidad de la cancelación de matrícula y cambios injustificados en la jornada escolar, como ya lo ha realizado en su Dictamen 75, de julio de 2025. Además, la sede regional pidió conocer la existencia de denuncias previas o en curso. Del mismo modo, se planteó al organismo que actué como mediador entre apoderadas, apoderados y el establecimiento, a fin de buscar soluciones que resguarden el derecho a la educación de las y los afectados.