Frente a la complejidad del fenómeno de la drogadicción y su impacto social, la Defensoría Penal Pública no solo representa legalmente a personas imputadas en procesos que podrían derivar en sanciones tradicionales, sino que actúa como garante de derechos y facilitadora de justicia terapéutica, acompañando procesos que combinan tratamiento clínico y supervisión judicial.
En los últimos años, la realidad del consumo problemático de drogas y alcohol en la zona norte de Chile ha demandado respuestas más integrales que la mera aplicación de sanciones penales, impulsando el desarrollo de los denominados Tribunales de Tratamiento de Drogas que buscan integrar procesos judiciales con medidas de rehabilitación centradas en la recuperación de las personas afectadas, lo que ha significado un cambio de paradigma en la manera de abordar conductas delictivas asociadas al consumo que requieren más atención de salud que de castigo.
Este enfoque, conocido como justicia terapéutica, se materializa en el trabajo de juzgados de garantía en Antofagasta y Calama, donde casos de menor complejidad de imputados que presentan un consumo problemático pueden acceder a la suspensión condicional del procedimiento, siempre que se comprometan con programas de tratamiento supervisados judicialmente por un período que puede extenderse hasta cinco años, con acompañamiento psicosocial y audiencias de control periódicas para monitorear avances en sus objetivos terapéuticos.
En este contexto, la Defensoría Penal Pública, servicio público que tiene por misión garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de las personas imputadas ante el sistema de justicia penal chileno mediante representación legal profesional gratuita cuando no existe abogado particular, cumple un rol estratégico al asegurar que quienes optan por estas salidas alternativas comprendan cabalmente sus derechos, compromisos y posibles consecuencias, promoviendo decisiones informadas y respetuosas de la dignidad humana de sus representados
El Defensor Regional (S) Hernán Verdugo Díaz ha señalado que la intervención de la Defensoría en estos mecanismos no se limita a la tradicional defensa en audiencia, sino que incluye la orientación y acompañamiento de las personas y sus familias durante todo el proceso, velando porque el acceso al tratamiento sea efectivo y que las condiciones establecidas por la justicia terapéutica no vulneren las garantías procesales fundamentales, especialmente para quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad social.
Esta labor se evidencia en la participación activa de defensores en las etapas de evaluación diagnóstica, discusión de planes de intervención y seguimiento de los compromisos asumidos por cada imputado, contribuyendo así no solo a la resolución de causas individuales, sino también al fortalecimiento de un enfoque que reconoce la complejidad del consumo de sustancias y su vínculo con factores sociales, de salud mental y de integración familiar.
La Defensoría Penal Pública en Antofagasta, al articular su quehacer con los Tribunales de Tratamiento de Drogas, reivindica la función de la defensa pública como garante no solo del proceso penal tradicional, sino también como actor facilitador de alternativas que priorizan la rehabilitación, la inclusión social y la restauración de vínculos familiares y comunitarios, apuntando a una justicia más humana y eficaz para enfrentar la problemática del consumo indiscriminado de drogas y alcohol.