Con la aprobación de este proyecto de ley, el país avanza hacia un modelo moderno de acceso a la justicia, que pone a las personas al centro, fortalece la seguridad ciudadana y consolida una política pública sostenida en derechos, cercanía y equidad territorial.
Con el objetivo de dar a conocer los principales alcances de la reciente aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, una de las medidas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno, la delegada presidencial regional, Karen Behrens junto a los seremis de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa; de Gobierno, Paulina Larrondo; de Seguridad Pública, Jorge Cortés – Monroy y de la Mujer y la Equidad de Género, Hanna Goldener informaron sobre esta nueva institucionalidad.
Este nuevo servicio permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas. De este modo, se transforman las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, que para nuestra región se organiza en una sola estructura administrativa con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete, comentó que “dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, uno de los puntos más relevantes es la atención a víctimas. En los medios de comunicación y las redes sociales, se privilegia la persecución penal y la fiscalización, pero hay otros puntos que son muy importantes y uno de ellos, quizás el principal, es la atención a víctimas, qué pasa después que se ha cometido un delito, especialmente cuando este es grave. Lo que busca el Estado con esta normativa, es que las víctimas de delitos puedan encontrar orientación jurídica, sicológica o de cualquier otro tipo que se requiera una vez que han sido víctimas de delitos para poder ir resolviendo distintos temas”.
En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, precisó que “este proyecto también implica una actualización muy necesaria, que incluye el fortalecimiento del rol de los funcionarios públicos que estarán al servicio de este nuevo sistema. En cuanto a la implementación, el acceso a la justicia tendrá un plazo de instalación de 18 meses desde la publicación de la ley. Seis meses antes de ese plazo, deberán estar constituidas las direcciones regionales, lo que dará inicio al proceso de implementación. Una de las primeras regiones en implementar este nuevo modelo será precisamente Antofagasta”.
Además agregó que “el Ministerio de Justicia, bajo nuestra administración, ha optado por una implementación gradual, que permita perfeccionar la instalación del servicio y asegurar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, nuestra región será priorizada en la normativa transitoria para su puesta en marcha. Estamos trabajando con las distintas instituciones involucradas para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera eficiente y con el compromiso que la ciudadanía merece”.
Entre los mejoramientos a destacar de la nueva institucionalidad está el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
Sobre esto último, la seremi Paulina Larrondo precisó que “destacar que van a existir programas especializados, sobre todo para la población más vulnerable como las personas mayores, los niños y adolescentes, además señalar que, el servicio tiene un grado de profesionalismo y expertis, no solamente es el acceso a la representación jurídica, sino también hay un acompañamiento psicosocial y eso implica labores de coordinaciones, es decir, es un trabajo que es serio, profundo y que va a permitir abordar las solicitudes de la ciudadanía, que exista una defensa contundente y gratuita, lo que hoy se está haciendo realidad”.
Con la aprobación de este proyecto de ley, el país avanza hacia un modelo moderno de acceso a la justicia, que pone a las personas al centro, fortalece la seguridad ciudadana y consolida una política pública sostenida en derechos, cercanía y equidad territorial.
En tanto, el seremi Jorge Cortés-Monroy puntualizó que “con esta medida, se busca equilibrar la balanza y garantizar que las víctimas también tengan derechos y acceso efectivo a las ayudas pertinentes. Es una forma concreta de cumplir con la obligación del Estado de proteger y asistir a quienes han sido afectados por delitos. Entendemos que la mayor preocupación y las demandas más urgentes provienen de quienes han sido víctimas de delitos graves. Por ello, este servicio priorizará la atención a esos casos, sin que ello implique una cobertura universal, sino más bien una focalización en quienes más necesitan la presencia activa del Estado frente a los hechos que han sufrido”.