El sistema de protección a la infancia regional vuelve a estar en el centro del debate tras confirmarse que las deficiencias y graves infracciones detectadas hace meses en la Residencia Antay continúan vigentes.
Una nueva crisis del sistema de protección ha sido dada a conocer a propósito de los hechos denunciados en mayo por el Diputado Jaime Araya, quien alertó de graves problemas al interior de la Residencia Antay -administrada por la Fundación Creeser- que daban cuenta de la precariedad y vulneración de derechos que sufren niños, niñas y adolescentes. “Nosotros hicimos oportunamente la denuncia de lo que pasó en la Residencia Antay por la gravedad de los antecedentes y las fotografías que nos hicieron llegar”.
A pesar de que la Defensoría de la Niñez se constituyó en el lugar y emitió un informe en agosto confirmando las infracciones, las acciones correctivas no han rendido frutos.
Gran parte de las medidas adoptadas fueron declaradas bajo reserva. “Bajo las fórmulas de confidencialidad se amparan para dar soluciones y compromisos de papel que no se cumplen y no se pueden fiscalizar”. “Es doblemente grave que la Contraloría salga a constatar que las mismas infracciones que denunciamos originalmente siguen ocurriendo“, enfatizó Araya.
EXPLOTACIÓN, IMPUNIDAD Y SOBREPOBLACIÓN
El caso de la Residencia Antay se suma a una serie de denuncias realizadas que incluyen casos de violencia y explotación sexual infantil al interior de centros de protección del Estado. Araya sostiene que “Ha sido muy difícil que el Estado sea eficiente para proteger a los niños y niñas que están en residencias, en una situación muy precaria de abandono”, haciendo énfasis en que son “niños al cuidado del Estado y doblemente vulnerados, porque esta no es la primera denuncia, no es la única”.
El legislador anunció que sostendrá una reunión con el Ministerio Público “para saber en qué están las sucesivas denuncias que se han hecho. Es muy extraño que nunca haya un responsable y una investigación con más profundidad, muchas veces hay un cierto manto de impunidad”.
A las vulneraciones detectadas, se suma una crisis donde la mayoría de las residencias opera por encima de su capacidad, lo que incrementa los riesgos de maltrato e invisibiliza las necesidades de los NNA, junto con un déficit de centros que aseguren un entorno que vele por el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
“IGUAL O PEOR QUE SENAME”
A pesar de la transición desde el antiguo Sename hacia el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, las críticas del Diputado Araya apuntan a que el modelo actual ha replicado —e incluso profundizado— los fallos del sistema anterior. “Se creó Mejor Niñez para resolver los problemas del Sename y terminó siendo igual o peor”, sostiene Araya.
“¿Qué es lo que hace el Estado coordinar entre todas las instituciones? Porque esto es un problema de coordinación de las instituciones para la adecuada protección de los niños”.
Frente a este escenario, se planteó la necesidad urgente de evaluar un rediseño integral del sistema de protección, contemplando nuevas alianzas y mecanismos de cooperación con entidades comprometidas, junto con el cierre definitivo de aquellos recintos que no cumplan con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar integral de los menores.