En medio del debate por la vocería, el parlamentario del PDG enfatizó la importancia de sintonizar con las demandas ciudadanas. Como ejemplo, apuntó a la reducción de cerca del 14% de los recursos contemplados para la Ley Ricarte Soto en el Presupuesto 2027 y exigió garantías por escrito para actuales y nuevos pacientes.
El diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón (PDG), cuestionó la discusión respecto de la necesidad de reforzar la vocería del Ejecutivo y sostuvo que el problema pasa primero por la capacidad del Gobierno de responder a las urgencias de las personas, especialmente en regiones. En ese contexto, puso como ejemplo la partida destinada a la Ley Ricarte Soto en el Presupuesto 2027, que pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones el próximo año y que, considerando la inflación, representa una disminución real de aproximadamente $28.208 millones, equivalente a cerca de un 14,5%.
“Más allá de que el Gobierno tenga un vocero, a este Gobierno le falta primero una brújula y, segundo, conectarse con las reales necesidades que tiene ese Chile real que sufre, sobre todo en las regiones”, sostuvo Ossandón. El parlamentario agregó que “nosotros hoy día vinimos a exponer en la subpartida de Presupuesto porque estamos tremendamente preocupados. Cuando revisamos la partida de Salud y encontramos este recorte por más de 28 mil millones de pesos a la Ley Ricarte Soto, encendimos inmediatamente las alertas”.
La Ley Ricarte Soto entrega protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y actualmente contempla 27 problemas de salud. Desde el Ministerio de Salud han sostenido que las garantías vigentes de quienes ya están cubiertos deben mantenerse durante 2027, mientras la reducción presupuestaria también se discute en paralelo con una reforma destinada a fortalecer el financiamiento permanente del sistema.
Frente a esas explicaciones, Ossandón aseguró que buscará compromisos formales durante la tramitación presupuestaria. “Nosotros lo hemos dicho siempre: las palabras lamentablemente se las lleva el viento y por eso hemos llegado hasta esta comisión a exigir que el Ministerio de Salud, Fonasa y la Dipres, por escrito, firmen el documento que nos garantice que las prestaciones de salud de la Ley Ricarte Soto van a estar cubiertas el 2027 y también los nuevos pacientes”, afirmó. El parlamentario ya había anunciado junto al diputado Roberto Arroyo que llevarían esta exigencia a la discusión presupuestaria para conocer los fundamentos técnicos del ajuste y obtener certezas respecto de las coberturas del próximo año.