El parlamentario ofició a la Superintendencia de Educación y a la Seremi de Educación de Antofagasta por el caso de Agustín, estudiante de 11 años del Colegio Inglés San José que permanece sin poder regresar a clases. Su madre denuncia agresiones físicas, psicológicas y amenazas, cuestiona la respuesta del establecimiento y anunció que la familia ejercerá acciones judiciales.
Tras la denuncia de Camila Caiconte, madre de Agustín, quien expuso que los últimos años han ocurrido distintas situaciones que afectaron su bienestar al interior del Colegio Inglés San José de Antofagasta, el diputado Fabián Ossandón (PDG) envió dos oficios de fiscalización a las autoridades educacionales.
Además, Ossandón pidió a la Seremi de Educación informar las gestiones realizadas para abordar la situación, la coordinación existente con el colegio y la Superintendencia, y las medidas de apoyo, acompañamiento o seguimiento disponibles para garantizar la continuidad educativa de Agustín. También solicitó evaluar medidas de apoyo psicosocial o mediación que permitan resguardar su bienestar e integridad mientras se busca una alternativa para continuar su proceso formativo.
“Quiero decirle a Camila y a su hijo Agustín que cuentan con todo nuestro apoyo. Ya enviamos oficios de fiscalización a la Seremi de Educación y a la Superintendencia de Educación porque este caso no puede seguir esperando”, afirmó Ossandón. El parlamentario agregó que ya conversó personalmente con la Seremi de Educación y que también habló con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para exponerle la gravedad de la situación y solicitar su intervención, con el objetivo de que Agustín pueda finalizar su año escolar en un ambiente tranquilo, seguro y protegido.
Según relató la madre del menor afectado, el establecimiento contaba con antecedentes desde 2023, pero el episodio más grave se produjo durante 2025, cuando el estudiante habría sufrido agresiones físicas, psicológicas y amenazas por parte de compañeros. “Pidió ayuda en reiteradas oportunidades, pero como familia sentimos que no recibió la protección que necesitaba. Con el tiempo, su salud mental se deterioró gravemente, hasta llegar a intentar quitarse la vida”, afirmó.
La apoderada explicó que la situación fue informada formalmente al colegio en agosto de 2025 y que posteriormente la familia continuó comunicando la gravedad de los hechos. “Esperábamos que se activaran los protocolos de convivencia escolar, se investigaran los hechos y se aplicaran las medidas contempladas en el Reglamento Interno. Sin embargo, como familia sentimos que la respuesta fue insuficiente”, sostuvo Caiconte. Asimismo, aseguró que solicitaron revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido, pero que no obtuvieron acceso a las grabaciones, y cuestionó que los estudiantes involucrados no habrían recibido las sanciones que, a su juicio, correspondían de acuerdo con el reglamento del establecimiento.
Actualmente, Agustín continúa sin reincorporarse a clases. Su madre señaló que sus profesionales tratantes determinaron que, debido a su estado de salud mental, no se encuentra en condiciones de regresar al colegio, por lo que la familia ha concentrado sus esfuerzos en su recuperación. “Toda esta situación tuvo un impacto devastador en la vida de Agustín. A nivel personal, sufrió un grave deterioro en su salud mental, perdiendo la tranquilidad y la seguridad que un niño debería tener”, señaló. A ello se suma, sostuvo, la incertidumbre respecto de su continuidad académica: “Hasta hoy no contamos con una solución clara por parte del colegio respecto de cómo finalizará su año escolar”.
Frente a estos antecedentes, Caiconte pidió que se investiguen eventuales responsabilidades y anunció que la familia recurrirá a la justicia.