Directores, equipos de gestión y docentes de establecimientos educacionales fueron informados sobre las nuevas leyes que regirán en las comunidades educativas.
Con el objetivo de difundir los alcances de la Ley 21.809 de Convivencia Escolar y la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, la Seremi de Educación de Antofagasta junto a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación llevaron a cabo una jornada para tratar los detalles de la implementación de ambas leyes en las unidades educativas.
La instancia contó con la participación de directores, equipos de gestión y docentes de diversos establecimientos educacionales públicos y subvencionados, quienes pudieron profundizar en el contenido y las nuevas directrices que buscan el bienestar de funcionarios y estudiantes, la prevención de la violencia y la generación de espacios seguros para el aprendizaje.
Al respecto, la seremi de Educación, Carolina Moscoso, sostuvo que “poder difundir la Ley de Convivencia y la Ley Escuelas Protegidas es una tremenda oportunidad para que las comunidades educativas puedan tener las herramientas precisas para abordar un tema tan relevante como la cultura educativa, que viene de la mano con la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza. La invitación es a que las comunidades puedan sumarse a promover estas leyes y revisarlas con los consejos escolares”.
“Nos parece muy importante esta instancia, dado que nos invita a mirar los datos para una toma de decisiones fundamentada en potenciar una cultura educativa que sea basal para el aprendizaje, debemos seguir avanzando cada día más en la construcción de aprendizajes solidos para que niños y adolescentes puedan ampliar sus conocimientos”, comentó el jefe de la macrozona norte de la Agencia de Calidad de la Educación, Erick Bergholz.
Implicancias de las leyes
La Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar en las Comunidades Educativas comenzó a regir a partir del 1 de julio y establece una serie de adecuaciones destinadas a fortalecer la prevención de la violencia y el bienestar de los integrantes de las comunidades educativas.
La Ley de Convivencia consta de una serie de puntos, entre ellos, la incorporación de nuevas medidas en los reglamentos internos de las unidades educativas; el fortalecimiento de los equipos educativos; nuevas reglas para expulsiones y cancelaciones de matrículas y la incorporación de tecnología para seguridad en los establecimientos educacionales como detectores de metales y similares.
Por su parte, la Ley de Escuelas Protegidas, la cual busca entregar mayores herramientas para prevenir y enfrentar los hechos de violencia en los establecimientos educacionales, permite que las unidades educativas incorporen en sus reglamentos internos medidas como la revisión de mochilas y pertenencias por parte de personal capacitado, considerando igualmente mayores herramientas para que profesores puedan adoptar medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias para mantener el orden en las salas de clases.
Asimismo, la Ley 21.827 contempla medidas para enfrentar las amenazas e interrupciones de las actividades académicas, disponiendo que los reglamentos prohíban los elementos que impidan la identificación facial. De igual forma, incluye el mayor involucramiento de los apoderados en las instancias de convivencia y disciplina.