El Gobierno Regional de Antofagasta obtuvo un 90,4% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa 2026 realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), avanzando 32,45 puntos porcentuales frente a lo registrado en 2025 (57,9%).
Con este resultado, el organismo se ubicó en el lugar 12 entre los 16 gobiernos regionales del país. Pese a la importante mejoría, quedó por debajo del promedio nacional, que alcanzó un 92,27%.
La revisión detectó incumplimientos en cinco materias. La información sobre escalas de remuneraciones estaba incompleta, mientras que los antecedentes sobre beneficiarios y modificaciones presupuestarias se encontraban desactualizados.
También se identificaron enlaces que no funcionaban correctamente para consultar actos y documentos publicados en el Diario Oficial y antecedentes sobre los vínculos del GORE con otras entidades.
Adicionalmente, la fiscalización pesquisó el cumplimiento de obligaciones de transparencia presupuestaria establecidas por mandato de la Ley de Presupuestos 2026. Al respecto, Antofagasta cumplió con publicar la información sobre concursos y proyectos adjudicados. Sin embargo, no informó correctamente los antecedentes remitidos por entidades privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM, ni los informes sobre el uso de los recursos provenientes del royalty minero.
“El avance de Antofagasta es significativo, pero todavía hay información que debe ser corregida y actualizada. Para las personas es fundamental poder conocer las remuneraciones, quiénes reciben beneficios y transferencias, cómo se modifica el presupuesto y qué ocurre con los recursos provenientes del royalty en una de las principales regiones mineras del país”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.
La fiscalización se realizó durante febrero y marzo de 2026 e incluyó revisiones de los sitios de transparencia de los GORE y de la información disponible en el Portal de Transparencia del Estado.
A nivel nacional, los gobiernos regionales promediaron un 92,27%, con un aumento de 16,2 puntos porcentuales respecto de 2025 y el mejor resultado conjunto del sector desde 2015.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar en Chile el cumplimiento de la Ley de Transparencia y proteger el derecho de las personas a acceder a información pública. Los gobiernos regionales están obligados por ley a mantener estos antecedentes completos, actualizados y disponibles. Si se acreditan infracciones, el CPLT puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o de los funcionarios responsables.