El documento contiene propuestas para regular los diversos usos de la costa con énfasis en el rol de la planificación territorial, para equilibrar la tensión estructural identificada durante el proceso entre la histórica vocación productiva-logística de la costa regional, con las comunidades y los ecosistemas. Este proceso tuvo una significativa participación ciudadana que incluyó a las comunas costeras de la región.
El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, hizo entrega formal del anteproyecto de “Zonificación del Borde Costero, región de Antofagasta a la seremi de Medio Ambiente, Verónica Araneda, quien deberá revisar y realizar eventuales observaciones al documento para luego someterse a un nuevo análisis. Con el documento final, el gobernador deberá presentarlo al pleno del Consejo Regional para su sanción.
El año 2024 se inicia el proceso de formulación de un nuevo estudio para el desarrollo del instrumento, identificando tres componentes: Propuesta de Zonificación del Borde Costero; Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica; Implementación de mecanismos de participación ciudadana.
De los tres componentes, la propuesta de Zonificación del Borde Costero se decidió desarrollar íntegramente por el equipo de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE. Los otros componentes fueron desarrollados por la Dirección de Extensión y Servicios Internos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (vía licitación pública).
“Fueron más de tres mil participaciones ciudadanas donde han venido a dar su opinión los empresarios, pueblos originarios, gente de las caletas, pescadores, personas asociadas a la industria del turismo del borde costero, o sea, la idea es que participaran todos aquellos que tienen alguna mirada del desarrollo del borde costero. Lo que queremos es que exista este instrumento que nos permita ordenar el borde costero, que es vinculante a la adjudicación del CRUBC que es la comisión que regula el borde costero y que entrega concesiones marítimas y de esta manera tener un medio objetivo y que nos permita ordenar nuestra región”, indicó el gobernador Ricardo Díaz.
En ese marco, Díaz agregó que “es el primer paso para lo que será el Plan de Ordenamiento Territorial, es por eso, que estamos muy contentos de haberle entregado esto a la seremi, y esperamos que sigan las instancias de revisión para que a fin de año el CORE lo pueda aprobar”.
La seremi de Medio Ambiente, Verónica Araneda, valoró el trabajo del Gobierno Regional en esta materia y destacó la importancia dada a la participación ciudadana.
“Para nosotros como seremi es muy relevante lo que se está haciendo por parte del GORE, así que, estamos muy contentos de recibir el documento formal después de un arduo trabajo realizado y de una participación ciudadana importante, tanto de la ciudadanía como de los distintos servicios públicos competentes”, comentó la secretaria regional.
Sobre los mismo, Araneda detalló que “por nuestra parte revisaremos que se haya dado cumplimento a todo lo que implica la estrategia medioambiental y que este informe tenga a cada una de las partes para que sea sustentable. Tenemos 20 días hábiles para responder el informe y ver si hay o no observaciones, y en ese proceso se debe producir un feedback hasta finalmente tener el documento ya aprobado por parte nuestra, posteriormente se debe presentar el documento completo al CORE”.
Cabe señalar que, el anteproyecto trabajó bajo los siguientes lineamientos: Visión de desarrollo del litoral regional al año 2050; Establecimiento de 14 zonas de usos preferentes; Predominancia regional de la Zona de Uso Preferente de Resguardo Medio Ambiental; Se disponen alrededor de 60 km/l para actividades productivas, 17km/l para comunidades indígenas y 10 km/l para actividad portuaria; Se reconocen 71 playas; Conadi considera 16 comunidades changas, sin embargo 11 han sido reconocidas en el instrumento por contar con personalidad jurídica vigente; Se reconocen 36 áreas asociadas a pesca artesanal; Se definen 4 zonas de usos preferentes para actividades productivas sustentables e infraestructura de desalinización (una por comuna).