El proyecto contó con votos en contra de la derecha del Partido Republicano y Nacional Libertarios. Iniciativa fue despachada al Senado.
La Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley del Diputado Jaime Araya que endurece las sanciones por quemas de basura. El objetivo de la propuesta es garantizar la vida y la salud de las personas, así como proteger el medio ambiente. Esto, debido a que las quemas de basura generan altos niveles de contaminación al liberarse sustancias tóxicas.
Esta situación -que ha afectado por décadas a los habitantes del sector La Chimba de Antofagasta y a las inmediaciones del relleno sanitario de Calama- ha provocado un aumento de enfermedades respiratorias, oculares y cutáneas, junto a problemas cardiovasculares y de salud mental. Hechos que desde el 2013 denuncian ONGs, el Colegio Médico Regional e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que constataron el impacto que menoscaba el derecho a vivir en un medio ambiente limpio.
Para el Diputado Araya, la aprobación de este proyecto, del que es autor, “es un avance concreto frente a un problema ambiental y sanitario urgente”, indicando que “la quema ilegal de basura libera contaminantes altamente tóxicos que afectan la salud de las personas que viven cerca de microbasurales y vertederos clandestinos. No podemos seguir tolerando que en La Chimba respiren humo tóxico mientras se degrada nuestro medio ambiente”.
Para el legislador es importante que el proyecto avance en el Senado de forma urgente. “Hago un llamado a que su tramitación sea rápida y prioritaria, porque este es un tema que afecta hoy la salud de miles de personas en Antofagasta y otras regiones”.
LAS SANCIONES POR QUEMAS DE BASURA
El proyecto establece como responsable de daño ambiental a quien ejecute quemas de diversos residuos sin autorización en las cercanías de lugares poblados. Además, se sanciona su realización en la vía pública, calles, cerros, quebradas o bienes nacionales de uso público, sitios eriazos, áreas de conservación, playas o riberas de ríos o lagos, entre otros.
La norma -además- establece penas de presidio de hasta 10 años, y aumenta en un grado la pena si la conducta tiene la finalidad de vender u obtener ganancia de la quema de residuos o sus derivados, por ejemplo, lo que ocurre con metales y cables de neumáticos.
LOS VOTOS EN CONTRA DE REPUBLICANOS Y LIBERTARIOS.
Los diputados de la región Araya, Videla, Ossandón y Hernando respaldaron el proyecto, mientras que Carlo Arqueros voto en contra. Las posiciones de rechazo se escudaron en que la iniciativa podría afectar quemas autorizadas en ciertas zonas. Junto a esto, se acusó falta de definiciones sobre la cercanía a áreas pobladas.
También reflotaron entre los pasillos del Congreso, versiones que apuntarían al caso -actualmente en investigación- de 18 personas acusadas de formar parte de una banda criminal dedicada al robo de cables del tendido eléctrico en las regiones de Coquimbo, Antofagasta y Metropolitana, donde uno de los detenidos -Francisco San Martín, sindicado como líder de la organización- tenía militancia en el Partido Republicano, siendo incluso precandidato a la Alcaldía de Coquimbo.