Fiscalización del CPLT en Antofagasta revela fuerte contraste: una entidad municipal quedó entre las 10 peor evaluadas del país y otra entre las 10 mejores

El Consejo para la Transparencia fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en organismos vinculados al mundo municipal y regional respecto del período 2025, detectando fuertes contrastes en Antofagasta: mientras la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta se ubicó entre las mejores del país, con 95,89% de cumplimiento, posicionándose en el lugar 8 de 181 a nivel nacional; la Corporación Cultural de Antofagasta quedó entre las 10 corporaciones municipales peor evaluadas, en el puesto 174 de 181, con un puntaje de 35,92%. Asimismo, y en una situación más precaria incluso que esta última, se constató que la Fundación Cultural de Mejillones no contaba con sitio web para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia activa, situación preocupante considerando que se trata del canal básico mediante el cual las instituciones deben publicar información actualizada, permanente y accesible para la ciudadanía.

La fiscalización del CPLT revisó el nivel de cumplimiento en la publicación de la información que la Ley de Transparencia exige a 257 organismos vinculados o constituidos por municipalidades o gobiernos regionales en todo el país, divididos en 4 tipos: corporaciones municipales, asociaciones de municipalidades y juntas de alcaldes, fundaciones municipales y corporaciones regionales.

En la Región de Antofagasta, el análisis mostró resultados dispares entre instituciones que cumplen funciones públicas y administran recursos fiscales relacionados con el ámbito local o regional.

En el ranking regional de corporaciones municipales, el mejor desempeño lo obtuvo la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta, con 95,89 puntos, de entre un total de 10. Le siguieron la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, con 83,86 puntos, y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, con 79,18 puntos.

En contraste, los puntajes más bajos de la región en esta categoría fueron registrados por la Corporación Cultural de Antofagasta, con 35,92 puntos; la Corporación de Deportes y Recreación de Mejillones, con 39,25 puntos; y la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, que obtuvo 43,8 puntos.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que: “Cuando una asociación, corporación o fundación municipal o entidad regional recibe recursos públicos y desarrolla una función administrativa, debe cumplir cabalmente con la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran esos fondos, qué decisiones se toman y quién las toma, qué contratos existen y qué compras se realizan. No puede haber organismos funcionando en zonas grises fuera de la transparencia”.

En el caso de las fundaciones municipales, la Fundación Cultural de Sierra Gorda obtuvo 78,92 puntos, mientras que la Fundación Cultural de la Municipalidad de Tocopilla alcanzó 62,25 puntos. A nivel nacional, la primera quedó en el lugar 4 de 8 y la segunda en el puesto 7 de 8.

“La transparencia no es un trámite ni una formalidad. Es una obligación legal que permite que las personas puedan fiscalizar, comparar y exigir rendición de cuentas y explicaciones. Si una institución no publica información mínima o ni siquiera cuenta con un sitio de transparencia activa, se debilita el control ciudadano y se abre espacio a la desconfianza. Se trata además de infracciones que este Consejo sanciona”, agregó la presidenta del CPLT.

En la categoría de asociaciones municipales, la región registró una institución fiscalizada: la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, que obtuvo 82,75 puntos y se ubicó en el lugar 23 de 58 a nivel nacional dentro de su tipo.

Desde el Consejo para la Transparencia recalcaron que estos resultados refuerzan la necesidad de avanzar en una modernización de la Ley de Transparencia, incorporando con mayor claridad como sujetos obligados a asociaciones, corporaciones o fundaciones municipales y otras entidades locales y regionales que ejercen funciones administrativas y reciben recursos públicos.

“Chile necesita una Ley de Transparencia 2.0, capaz de hacerse cargo de estas nuevas formas de gestión pública. Las personas no tienen por qué saber distinguir si un servicio se presta directamente desde un municipio o a través de una corporación: lo que esperan es saber qué se hace con los recursos públicos y acceder a información clara, completa y oportuna”, cerró González.

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